Tradicionalmente la prostitución ha sido definida como una práctica femenina consistente en suministrar servicios sexuales a cambio de dinero. Sin embargo esta definición omite e invisilibiliza a los actores principales del sistema prostitucional: prostituidores y proxenetas, sin cuya participación no habría mujeres en situación de prostitución.

Denunciamos:

– Que la tolerancia y aceptación social hacia las prácticas masculinas de compra de servicios sexuales, equivale a fortalecer los privilegios masculinos y, por tanto, a ratificar modelos y relaciones desiguales entre hombres y mujeres.

– Que la prostitución, en todos los casos o circunstancias, representa una forma extrema de explotación y de violencia contra las mujeres y significa nuestra reducción a la condición de mercancías al servicio sexual de los hombres.

– Que la prostitución constituye un negocio cada vez más rentable y en expansión que se abastece de los cuerpos de mujeres y niñas que son puestas en venta y en disposición de ser consumidas sexualmente por los hombres.

– Que los prostituidores provocan con su demanda la existencia de un mercado organizado de mujeres y niñas para su utilización como objeto sexuales.

– Que el mercado prostitucional incluye a todas las personas y actividades, que dentro y fuera de la legalidad, obtienen beneficios de la explotación sexual de las mujeres: los proveedores de espacios físicos como locales, pisos u hoteles para el uso sexual de las mujeres; los proveedores de espacios publicitarios para la oferta de cuerpos femeninos en periódicos, revistas, y otros medios; los traficantes de mujeres y niñas que forman parte de las redes de control, vigilancia y extorsión de mujeres en los países de destino.

Por todo ello, expresamos nuestro rechazo a cualquier política reglamentarista ya que ello equivale a legitimar y normalizar el uso de las mujeres como mercancía sexual, e

Instamos a los poderes públicos a:

– Reforzar las políticas de igualdad de oportunidades y a crear condiciones laborales que eviten que las mujeres sin recursos se vean abocadas a formar parte de la población prostituida.

– Incrementar suficientemente los recursos destinados al desmantelamiento de las redes de prostitución que operan en nuestro país con mujeres traficadas.

– Establecer políticas específicas de integración e inserción laboral de las mujeres inmigrantes y, de protección y acogimiento de las mujeres traficadas.

– Penalizar todas las modalidades de proxenetismo, con penas proporcionadas a la gravedad de las acciones cometidas en cada una de ellas.

– Desalentar la demanda masculina, promoviendo campañas que permitan modificar la percepción social del uso de las mujeres como mercancía sexual y obtener una repulsa social generalizada hacia los hombres que usan los cuerpos de las mujeres prostituidas para satisfacer sus apetencias sexuales. -Elaborar un código ético que disuada a los medios de comunicación de publicitar el consumo sexual de mujeres.

Plataforma de Organizaciones de Mujeres por la Abolición de la Prostitución