FECHA: 10-05-1997/07-05-1997
MEDIO: El País/Diario Córdoba
En julio fue un médico malagueño, en febrero fueron la psiquiatra Norma Jiménez y el ginecólogo Antonio Martín de Oviedo, en abril, han sido Rolin Julio Robles Cedamanos y Guerrit Jan Bosna en Barcelona los profesionales condenados por practicar abortos dentro de los supuestos legalizados en nuestro país, sin embargo este gobierno del PP parece no entender estos supuestos ni respeta la voluntad de las mujeres que ya tienen bastante con tener que decidir algo que como seres humanos aseguramos no ser de agrado para nadie, `pero por si es poco se condena tanto a la paciente como al profesional.
Como consecuencia lo que está sucediendo entre otras cosas es:
En los Centros Públicos de Salud sólo pueden abortar tres o cuatro de cada cien mujeres que interrumpen voluntariamente su embarazo. La negatividad del personal sanitario a practicar abortos legales sigue siendo tolerada por las autoridades sanitarias, que se lavan las manos ante este descarado boicot activo a la Ley de Aborto vigente.
Las mujeres que tienen información y recursos económicos tienen que acudir a las clínicas privadas y pagar de su bolsillo esta prestación sanitaria que, en la práctica está excluida de la sanidad pública.
Las denuncias por abortos legales de ex novios y ex maridos siguen teniendo acogida en muchos juzgados, y acaban en juicios en los que las mujeres que abortan y el personal sanitario de las clínicas privadas que se lo practicaron se sientan en el banquillo de los acusados.
Ante la gravedad de estas situaciones que están potenciando nuevamente que aborten las que puedan ir a Londres, la Plataforma Andaluza de Apoyo al Lobby Europeo de Mujeres nos planteamos: Divulgar lo que está ocurriendo con el maltratado derecho de las mujeres a decidir. Igualmente, exigimos el sobreseimiento de todas las causas pendientes por aborto. Al mismo tiempo reiteramos nuestra exigencia de una nueva Ley de Aborto que garantice realmente el derecho de las mujeres a decidir.
Rafaela Pastor Martínez