FECHA: 31-05-1997

MEDIO: Diario Córdoba

El juicio de Alcasser, como en su día fue el triple crimen, ha vuelto a poner de relieve el profundo trauma que soporta nuestra sociedad, aparentemente pacífica y democrática, aunque desgarrada por el constante abuso de poder del fuerte sobre el débil, un abuso que en este caso se traduce en la violencia de un grupo de criminales sobre tres niñas.

El trato de un juicio donde muchas cosas nos resultan sorprendentes, sobretodo el que las partes acusadoras no se pongan de acuerdo en el camino a seguir para descubrir toda la verdad, la verdad que rodeó el brutal asesinato de tres víctimas inocentes.

Pero más sorprendente todavía nos resulta que los gobiernos democráticos no hayan puesto al servicio de la investigación de este triple crimen todos los medios existentes, y se hayan conformado con los desaciertos de una rutina funcionarial que, en este caso ha dado lugar a la desaparición de pruebas importantes, a la falta de coordinación entre los investigadores y en definitiva al impedimento con ello de que conozcamos la verdad.

Nos resulta paradójico y lamentable que tratándose de agresiones tan graves ningún foro o instancia política haya levantado la voz por su esclarecimiento; ni se haya pronunciado siquiera sobre los inconexos avatares de la instrucción de este sumario.

Es desalentador comprobar cómo la Fiscalía General del Estado, el Tribunal Supremo, el Consejo General del Poder Judicial o el Ministerio del Interior permanezcan desde hace años enfrascados en batallas políticas con una clara dejación de su responsabilidad, en este caso hacia un acontecimiento que tiene conmocionada a la sociedad civil.

Nos preguntamos por qué hace tambalear a un gobierno los crímenes de los GAL y no los de tres niñas valencianas que sufrieron además las torturas más espeluznantes.

Nos gustaría creer que no estamos ante un nuevo caso de Los Galindos, que estos crímenes se resolverán como en Europa se ha resuelto lo de la ‘red de pederastas’, ¡caiga quien caiga!. Pero poder ejecutivo y judicial no están a la altura de estas circunstancias, se demostrará una vez más que sus intereses y los de la sociedad real son muy diferentes.

Rafaela Pastor Martínez

Presidenta Plataforma Andaluza de Apoyo al Lobby Europeo de Mujeres